En estos días
se ha dado en el Congreso de la república la discusión y aprobación del
dictamen de la nueva ley universitaria. Luego de batallas múltiples al interior
y el exterior del Congreso - los realmente existentes lobbies se batieron en la defensa de los intereses de las universidades
privadas- el dictamen finalmente fue aprobado por la Comisión de Educación, y
ahora está lista para ser puesta a discusión en el pleno del Congreso. Con ello se está abriendo una nueva
etapa en el desarrollo histórico de la universidad peruana.
A nivel
externo, la Comisión que preside el congresista Mora, tuvo que batirse en dos
planos: por un lado, frente a la presión mediática de los grupos de poder –no
olvidemos que la UPC pertenece al grupo Miró Quesada, dueños del emporio
periodístico de “El Comercio”, Canal N, parte de “America TV”, etc. –quienes
han ido perfilando lo que al parecer será su estrategia de combate: llevar el
debate sobre la universidad peruana al plano ideológico, sosteniendo que no es
posible aprobar una ley que atente contra la libertad de empresa y la inversión
privada –sustento en el DL 882, dado en la época del fujimorismo-; y por otro
lado, en el otro plano, enfrentar a la oposición de las autoridades de las
universidades públicas que azuzando con el cuco del “intervencionismo” del
estado y la violación de la autonomía universitaria, tratarán de movilizar a
estudiantes y docentes en distintas partes del país.
Y sin embargo,
la cuestión es muy clara. Todos, o casi todos, coincidimos en que la
universidad peruana está en crisis. Las denuncias diversas por enriquecimiento
astronómico de los propietarios de las cerca de 100 universidades privadas –ver
las denuncias a UPC, lo que ocurre en la Universidad Garcilaso de la Vega, lo
que hacen los Acuña con la “César Vallejo”, lo que ocurre con la San Juan
Bautista, etc. es clara muestra de ello- a costa de la pésima calidad en el
servicio educativo que brindan, así como la inexistencia de laboratorios para
la investigación, bibliotecas escuálidas y atrasadas, es buena parte del
problema. Y por el lado de las
universidades públicas, los problemas de la formación académica y profesional
de baja calidad, el marcado déficit en la producción científica y tecnológica,
ligado a las grandes necesidades nacionales, la debilidad en los procesos de
planificación, administración y gestión, ligado a los problemas del clientelismo y la
corrupción – sin tener la posibilidad real de ponerle un alto por parte de una
autoridad superior- pinta de cuerpo entero la gravedad de la crisis.
Por lo tanto
que se requiere, de modo urgente una REFORMA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO PERUANO,
es un clamor nacional. El problema es que dicho cambio estructural, no será
nada fácil. Y no sólo porque en el camino, tal como se ha visto, se encontrará
mucha resistencia – definitivamente en este punto se darán la mano, el lucro,
la lógica de la gran ganancia, con el fundamentalismo y como, no, con los
sectores más o menos desinformados- sino también porque al interior de las
mismas universidades, las fuerzas o los actores que apuestan por el cambio, son
aún muy débiles. Muestra de lo último, es que se ha tenido que esperar a que en
medio de una coyuntura especial, aparezca por ahí, un general, que tome casi
como una cuestión personal, el tema de la reforma universitaria –apoyado es cierto,
por algunos congresistas que se la juegan, como Tejada, Zeballos, el pastor
Lay-, para que recién despierten y se pongan en acción algunas fuerzas
democráticas y reformistas al interior de las universidades.
Es cierto que
la universidad peruana no cambiará de la noche a la mañana, y es cierto también
que una ley –como la golondrina- no hace un verano, pero lo que sí es cierto es
que con la aprobación de dicha ley – que tiene un montón de vacíos,
imprecisiones, defectos- se abre un momento y un espacio para la acumulación de
fuerzas para los sectores más sanos, renovadores y democráticos de la
universidad peruana. Derrotar a las oscuras fuerzas del poder económico
–universidades privadas-, así como a las fuerzas pro status quo –y por tanto, reaccionarias- en las públicas, no será
fácil, pero ahí está el gran reto. Que en la discusión que se abre, se precise
el carácter y la composición del organismo supervisor – mal llamado
Superintendencia, es cierto-, que se determine si se avanza a la anulación del
DL 882, que se afine cuánto es lo que debe destinarse para la investigación
científica y tecnológica, la conformación de los órganos de gobierno en la
universidad, etc. siendo cosas importantes no viene a ser lo más importante. Lo
más importante es ver si realmente es posible ganar posiciones en la opinión
pública, construir actores sociales y políticos en las universidades con
participación de toda la comunidad educativa, alcanzar hegemonía y mayoría en
el país pro Reforma de la universidad, poniendo en el centro de la misma, la
CALIDAD EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL, LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LA
PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS acorde a las necesidades del país.
Ahí
está el gran reto, todo los otros, son aspectos que se irán conquistando en el
camino. Dicen que soñar no cuesta nada, pues debemos seguir soñando con que
algún día, nuestras universidades recuperen su rol de conciencia pública de la
nación, así como recuperen su prestigio como centros de producción científica y
tecnológica, acorde a las necesidades del país. Todo ello, a su vez, nos
permitirá, insertarnos de modo firme, en el acelerado proceso de producción de
conocimientos a nivel mundial, vía regia para avanzar por el camino de la
soberanía nacional.
P. Libre, 28
de diciembre 2013
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